Desde finales del Siglo XIX, pero, sobre todo, desde los años de la postrevolución, México llegó a tener un lugar de respeto en el entorno mundial. Según los expertos, fue a raíz de la aplicación puntual de los siete principios básicos de política exterior. Uno de ellos, se consolidó con la llamada Doctrina Juárez, que sostiene el principio de no intervención, el respeto a la libertad de los pueblos y los derechos de las naciones. Dicho principio de fortaleció, a su vez, con la Doctrina Carranza, en torno al derecho de los países a la autodeterminación.

En 1930, el diplomático mexicano, a la sazón Secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, perfiló su doctrina en cinco puntos fundamentales: la autodeterminación, la no intervención, el derecho de asilo político, el reconocimiento de los gobiernos de facto y una condena a las guerras de agresión. En uno de dichos puntos se establece que los gobiernos de cada nación no deben estar supeditados al reconocimiento de otros países.

Nuestra política exterior nos llevó a lugares privilegiados y grandes reconocimientos, como el Premio Nobel de la Paz 1982, otorgado al diplomático mexicano Alfonso García Robles, por su lucha por el desarme nuclear, plasmado en el Tratado de Tlatelolco. Y amén de un directorio de grandes diplomáticos, hubo algunos que, hasta el día de hoy nos siguen dando lustre. Es el caso de Gilberto Bosques, quien, como Cónsul General de México en Francia, ayudó a salvar a unos 40 mil judíos y perseguidos políticos españoles, durante la Segunda Guerra Mundial y el franquismo.

Pero, ¿dónde quedó esa política exterior? Durante los cinco años de la llamada transformación, ha ido dando tumbos. Se le ha apostado a la improvisación, a la injerencia verbal y dolosa, a una diplomacia decadente. El presidente López Obrador no ha cesado en sus comentarios mañaneros sobre temas internos de los Estados Unidos y Canadá, nuestros socios comerciales, además de ocasionar fricciones innecesarias con España, Ucrania, Bolivia, Perú, Panamá, Argentina y Ecuador, entre otros.

El caso del deleznable allanamiento militar y policial de nuestra sede diplomática en Quito, contrario al derecho internacional y ya reprobado por muchos países, hace presumir que hemos perdido el respeto de naciones que antes consideramos hermanas. De 2019 a la fecha, tres embajadores y embajadoras han sido consideradas personas non gratas, en Bolivia, Perú y Ecuador. Más que victimizarnos, lo que urge es re-direccionar nuestra desarticulada e injerencista política exterior.

Más que quejas ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, debe darse un ejercicio de cordura y madurez para no intervenir ni tomar partido, por afinidad o diferencia ideológica, simpatía o lo que fuera, en los asuntos internos de cada país. Paradójico y lamentable, ahora se recurre en busca de justicia, ante organismos multilaterales que constantemente han sido descalificados. (JPA)