La ciudad de Oaxaca y su área metropolitana enfrentan, desde hace mucho, serios problemas de contaminación ambiental. Uno de los factores que más contribuye a envenenar el aire, es el humo que despide la chatarra que, con más de veinte años de uso intensivo, sigue circulando en nuestras calles y avenidas, otorgando el servicio público de pasajeros.

Pese a acuerdos con los concesionarios, éstos jamás se han cumplido en torno a la renovación de su parque vehicular. Y es que exigen incremento de tarifas ante los aumentos en costo de vehículos e insumos, pero se les ha negado. Minutas firmadas hace días en la Secretaría de Movilidad, advierten que apenas se planea un incremento en la tarifa. A ver si con ello, cambian sus autobuses.

Otro factor de contaminación, son los miles de pequeñas unidades llamadas “foráneas”, que entran y salen de la ciudad cada día. Vehículos viejos, destartalados, verdaderos ataúdes rodantes, no tienen paraderos específicos y se hacinan como hormigas en una de las zonas de mayor contaminación: el Mercado de Abasto.

Ante la falta de un libramiento o vía de desfogue vehicular, circulan por la ciudad, en tramos prohibidos como el Cerro de El Fortín e incluso por el mismo Centro Histórico, pesadas unidades: trailers, pipas de agua, viejos autobuses de transporte foráneo, etcétera. Cuestión sólo de observar la estela de humo contaminante que dejan a su paso.

¿Y qué decir de las centenas de moto-taxis que hacen lo propio en agencias y colonias de la capital y la veintena de municipios que conforman la zona metropolitana? ¿Y en Juchitán, quien aplicará la verificación en esa guarida de delincuentes que operan los miles de moto-taxis?

Sin embargo, ese elefante blanco conocido con el kilométrico nombre de: Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad (SEMAEDESO), que ha sido omisa en preocupantes casos de contaminación como el del Río Atoyac o la basura, se sacó de la manga algo que, en términos llanos se conoce como asalto en descampado.

Y es la llamada verificación vehicular. Sin mayores argumentos o exposición de motivos, se pretende dejar caer sobre los propietarios de automóviles de uso particular, la responsabilidad de la emisión de contaminantes.

Y a través de la Policía Vial, ya inició los operativos para apercibir a los automovilistas a que acudan a los centros de verificación y paguen por la misma y el holograma respectivo. Detrás, la amenaza de medidas punitivas. Ello, por supuesto, no atenuará en nada la contaminación en el entorno estatal.

Algunas de nuestras playas, por ejemplo, han sido ya señaladas por COFEPRIS. Y ahí no hay multas ni sanciones, menos soluciones. Y es que, para justificar su ineficacia, SEMAEDESO y Policía Vial recurren a la vía fácil. Además, ¿quién o quiénes estarán detrás de lo que se anticipa como boyante negocio? Es pregunta. ¿No serán algunos sindicatos mafiosos, como les llamó AMLO? (JPA)