* Ante las denuncias de posible colusión de servidores públicos el gobernador aseguró que su gobierno no protegerá a ningún funcionario que participe en actos de corrupción o extorsión.

* Es imperioso que la Fiscalía General del Estado profundice todas las líneas de investigación, a fin de evitar que los diversos probables delitos queden impunes como se comprometió el gobernador.


La presión social del escándalo por las denuncias del llamado Cartel del Despojo Vehicular, dos de ellas documentadas, llegó a la conferencia semanera del gobernador Salomón Jara Cruz.

Karla Cinthya Contreras Ramírez denunció que Christopher Avendaño García, supuesto agente de la AEI, presuntamente casado con una prima de Toribio López, la despojó de un automóvil Cavalier 2024 con apoyo de la Policía Vial.

A esa denuncia se sumó la de otro ciudadano con el mismo “modus operandi” bajo la acusación de tratarse de vehículos con reporte de robo inexistentes y la amenaza de meterlos a la cárcel.

Denuncian negativa para entregar reportes oficiales, intimidación psicológica y amenazas y omisión deliberada para impedir que mostraran pruebas de compra y transferencias bancarias.

Por la tentativa de fabricar delitos sin sustento y brindar protección al presunto estafador las víctimas interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado.

Ante las denuncias de posible colusión de servidores públicos el gobernador aseguró que su gobierno no protegerá a ningún funcionario que participe en actos de corrupción o extorsión.

El mandatario lanzó una advertencia directa contra funcionarios y elementos de corporaciones policíacas presuntamente involucrados en fraudes en la venta irregular de vehículos en Oaxaca.

“Cualquier policía vial, estatal o quien sea, no se le permitirá estar coludido con esto. No vamos a proteger a nadie. Si interviene la policía o cualquier funcionario, lo daremos a conocer”, dijo.

Los operativos de aseguramiento de vehículos vendidos aparentemente de manera legal, y reclamados, posteriormente, por terceros, deja a los compradores sin automóvil y sin dinero.

Las denuncias apuntan a la participación de mandos y elementos de la Policía Vial del Estado, corporaciones estatales y agentes de investigación, en una acción previamente concertada.

Ante la gravedad de los señalamientos, Jara Cruz informó que solicitará a la Fiscalía General del Estado un reporte sobre las denuncias y las investigaciones iniciadas por este tipo de fraudes.

El gobernador adelantó que el caso podría revelar la operación de redes delictivas nacionales dedicadas al fraude y la extorsión, por lo que advirtió que habrá investigaciones a fondo.

Dado que no son simples faltas administrativas, sino probables diversos delitos no basta como sanción la remoción de seis elementos operativos que tuvieron contacto directo con el evento.

Tampoco basta, además, el cese de los responsables de turnos de patrullas, motopatrullas y del encargado del área de Peritos por el Director de la Policía Vial Estatal, Toribio López Sánchez.

Es imperioso que la Fiscalía General del Estado profundice todas las líneas de investigación, a fin de evitar que los diversos probables delitos queden impunes como se comprometió el gobernador.

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