La historia de los triquis está escrita con sangre. Entre los 16 grupos étnicos que se reconoce existen en Oaxaca, ninguno ha contribuido al exterminio de sus hermanos de raza como este grupo. De lo que hemos podido documentar en las últimas tres décadas, los ajustes de cuentas, emboscadas, ejecuciones y secuestros, suman centenas. Dicha etnia arrastra estigmas irrebatibles: uno, su adicción por la violencia y otro, por la mendicidad.

El pasado martes 5 de noviembre, las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García, fueron asesinadas en céntricas calles de la capital. Las vendettas entre grupos antagónicos, MULT y MULTI, no ven pelos ni tamaños. Asesinan por igual a hombres y mujeres, que ancianos o niños. Pero ello ya no es novedad. Las víctimas son parientas de las desaparecidas en julio de 2008, Daniela y Virginia Ortiz Ramírez.

En abril de ese mismo año fueron asesinadas Teresa Merino Bautista y Felícitas López, locutoras de la radio comunitaria “La Voz que rompe el silencio”. Lo aberrante es que nunca hemos sabido de criminales detenidos, consignados o sentenciados. Todos esos crímenes han quedado en la impunidad, encubiertos por una mal entendida lucha social y por el temor gubernamental a aplicar la ley.

Ya no son sólo las zonas montañosas de Juxtlahuaca y Putla; Copala o Tierra Blanca, los mataderos. No. Ahora fue la capital. Y es que, desde el sexenio de José Murat, pasando por los de Ulises Ruiz, Gabino Cué, Alejandro Murat y lo que va del de Salomón Jara, los intentos por alcanzar la paz y acabar con ese permanente baño de sangre, han sido un fracaso.

Quedó ya demostrado que cualquier intento de diálogo es boicoteado por una u otra organización. La muerte y la victimización sólo han sido el gran negocio de los dirigentes. La complicidad de los organismos de derechos humanos con sus medidas cautelares y la nula acción gubernamental para realizar una campaña de desarme o mecanismos legales para aprehender a los criminales, han cerrado esa pinza sangrienta.

Con este grupo étnico ya no cuajan las campañas de “nosotros los pobres indígenas”, el urgente apoyo con programas oficiales a este pueblo originario y toda esa verborrea con la que se pretenden solapar acciones abiertamente criminales. Ni justificarlas con el argumento de la marginación en que vive más de la mitad de triquis, pues la otra mitad –transhumante al fin- radica en la Ciudad de México, Tijuana, Oaxaca y hasta en Nueva York, Chicago o Los Ángeles.

Hay que ir por los criminales, sean del grupo que sean y acabar de tajo con esta permanente campaña de exterminio inter-étnico. De no haber castigo -ya lo hemos dicho- las batas rojas seguirán empapadas de sangre. (JPA)