Los datos en verdad son preocupantes. Se estima que hay más de 72 mil restos humanos sin identificar en el país. El informe concluye poniéndole el cascabel al gato: la investigación realizada por el gobierno es inconsistente e inadecuada, lo que ha alimentado una impunidad casi absoluta, justamente por la connivencia de funcionarios con grupos delictivos.

Debido a la magnitud del problema, el Comité solicitó al Secretario General de la ONU que remita la situación a la Asamblea General. Todo ello pondría en evidencia el papel destacado que tuvo México en dicho foro mundial, pues en los dos últimos regímenes, los principios básicos de política exterior que le dieron lustre a nuestro país, se han ido a la basura.

Así se entiende pues, el desprecio del gobierno federal no sólo por la cruzada que han emprendido organismos civiles y las llamadas madres buscadoras, sino su cuestionado papel como Estado, que ha sido incapaz de poner un hasta aquí a la complicidad entre política y crimen. La falta de empatía de éste y el anterior gobierno ante las víctimas de este espinoso asunto, ha dejado una huella indeleble entre los mexicanos.

Oaxaca no ha sido ajeno a este panorama. La semana pasada circuló el video desgarrador de una jovencita oaxaqueña que, como tantas en el país, pedía la aparición de su padre desaparecido días antes. Por fortuna, la Fiscalía General del Estado, pudo localizarlo sano y salvo. En el entorno nacional, sin embargo, se observa una falta total de interés gubernamental, para ir al fondo de las desapariciones. (JPA