Desde el 6 de febrero se observaban manchas de hidrocarburos sobre el ducto identificado como “OLD AK C”, una línea de 36 pulgadas que transporta crudo entre la plataforma Akal-C y la Terminal Marítima Dos Bocas; al día siguiente, el 7 de febrero, llegó al sitio el buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos y operado por Constructora Subacuática Diavaz bajo contrato con Pemex.

El 19 de febrero, la mancha de hidrocarburo alcanzaba casi 300 kilómetros cuadrados, según el monitoreo satelital, sin que se emitiera alerta pública alguna a la población costera.

El 25 de marzo, el Grupo REFORMA publicó que, de acuerdo con imágenes satelitales, el origen del derrame se registró cerca de la plataforma Abkatún.

Las organizaciones denunciaron entonces que la mancha, inicialmente pequeña, se intensificó a partir del 11 de febrero y que para el día 13 el vertido era claramente visible mientras al menos cinco embarcaciones realizaban labores de contención.

La narrativa del gobierno federal, sin embargo, sostuvo durante semanas una versión distinta. Las autoridades atribuyeron el derrame a tres fuentes: el vertimiento ilegal de un buque y dos emanaciones naturales conocidas como chapopoteras.

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a afirmar que era más probable que el derrame proviniera de las filtraciones naturales, mientras añadía que los equipos trabajaban para limpiar el derrame y mitigar los efectos.

Las organizaciones civiles calificaron de “falsedad oficial” esa cronología, señalando que para el 21 de marzo se documentaban 630 kilómetros de litoral afectados, 51 sitios con presencia de chapopote e impactos sobre manglares, arrecifes, fauna marina y comunidades pesqueras del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.

En la zona afectada hay alrededor de 16 mil familias dependientes de la pesca que han sufrido la pérdida de productos del mar por el chapopote que ha contaminado una gran parte de los litorales del Golfo.

La Asociación Nacional de Pescadores denunció una disminución de 40 por ciento en el consumo de pescado durante la Semana Santa.

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunció que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable por el derrame, además de adelantar la creación de un observatorio ambiental permanente en el Golfo de México.