La celebración se desarrolló entre el 24 y el 27 de abril en el Muro Boulevard y el Parque Juárez, con desfiles de carros alegóricos, comparsas, zona gastronómica y una cartelera de figuras de alcance nacional que incluyó, entre otras, a Gerardo Ortiz, Junior Klan y Alfredo “El Pulpo”.
El punto de mayor controversia no fue la fiesta en sí, sino quiénes la encabezaron y, sobre todo, lo que costaron: celebridades del entretenimiento digital cuya presencia en eventos públicos se cotiza en cifras considerables, contratadas con recursos municipales cuyo monto el ayuntamiento no ha hecho público.
Las figuras centrales de la cartelera no son artistas convencionales. Karely Ruiz es una creadora de contenido para adultos oriunda de Monterrey con millones de seguidores en redes sociales.
Gala Montes y Nicola Porcella son actores que saltaron a la fama masiva tras su participación en La Casa de los Famosos México; Celia Lora es hija del rockero Álex Lora y figura recurrente del entretenimiento de espectáculo; Aldo De Nigris es exfutbolista y también exparticipante de ese mismo reality.
Ninguno es artista musical en el sentido tradicional. Todos tienen cachet.
El gobierno municipal justificó la organización del carnaval como un motor de identidad regional, turismo y economía local.
La administración de Fernando Huerta Cerecedo qué pretende heredar el cargo a su esposa, destacó que la festividad no solo representa entretenimiento y expresión cultural, sino también un impulso al turismo, el comercio y la actividad gastronómica.
La opacidad no es menor. En México, los gobiernos municipales están obligados por la Ley General de Transparencia a publicar información sobre contratos, adquisiciones y gasto en eventos.
El ayuntamiento de Tuxtepec no había presentado ningún documento que acreditara el monto erogado ni el procedimiento de adjudicación utilizado —licitación, invitación restringida o adjudicación directa— para contratar a las figuras del espectáculo.
Al término del carnaval, autoridades municipales destacaron el comportamiento ordenado de la ciudadanía, y el presidente Fernando Huerta Cerecedo reiteró su compromiso de seguir impulsando eventos que fortalezcan la convivencia social.
El debate que dejó el Carnaval 2026 en Tuxtepec no es sobre si la fiesta fue buena o mala. Es sobre prioridades y rendición de cuentas.
Un municipio con carencias en infraestructura y servicios básicos que contrata en silencio a figuras del entretenimiento viral, con presupuesto público y sin informar a sus contribuyentes, no está organizando una fiesta: está tomando una decisión política que debería estar sujeta al escrutinio ciudadano.
